Análisis Internacional
En la Segunda Guerra Mundial, después de la caída del Eje, Winston Churchill y Franklin. D. Roosevelt sellaban el pacto de atacar la parte más vulnerable del poder soviético: su sistema de representatividad y expresión. ¿Herramienta? Los Derechos Humanos.
Siendo que Occidente representaba un poder colonial, había que abordar el tema gradualmente, para no convertirlo en boomerang.
Es la primera gran indicación del rol instrumental de los DD.HH. en la negociación política.
La segunda indicación, es el surgimiento de dos organismos no gubernamentales que velan por los DD.HH.: Amnesty Internacional (1961, Londres), y Human Rights Watch (1978, Washington DC).
Ambos nacen con el foco de desnudar el régimen soviético al comienzo de la distensión.
No estaban orientados a combatir el colonialismo y sus violaciones a los derechos humanos.
Juan Francisco Coloane
La expulsión de Venezuela de un alto funcionario de Human Rights Watch (ONG defensora de los DD.HH. con sede en Washington DC), refleja la historia de estos organismos, y problemas centrales no resueltos.
En la efervescencia del antagonismo contra Hugo Chávez en una parte de la región, se extravió la hebra del tema más profundo.
José Miguel Vivanco, un antiguo funcionario de nacionalidad chilena, fue obligado a abandonar ese país conjuntamente con el Sub Director de esta Agencia, debido a tareas efectuadas (en Venezuela ) consideradas por el gobierno como actividad política.
Así como el gobierno venezolano puede haber sobredimensionado sus actuaciones, los funcionarios expulsados conocen cuáles son los límites de los organismos internacionales en los países, y dónde comienzan los llamados principios de jurisdicción local y soberanía.
DD.HH.: ¿Doctrina y/o herramienta política?
Dentro de pocos días se cumplen 10 años del arresto de Augusto Pinochet en Londres, y tanto aquel arresto, como esta expulsión, exponen la delgada línea que separa la doctrina de los DD.HH. con el ejercicio de la política. El tipo de línea divisoria se reveló con claridad en el arresto de Pinochet, cuando Chile decidió hacer respetar cierta “soberanía jurídica” y rescatar al ex General. En dos casos diferentes el tema central es el mismo: ¿bajo qué plataforma jurídica aceptada internacionalmente, se aplica la doctrina de los derechos humanos? ¿Cuál es la soberanía jurídica, y en qué situaciones un organismo externo la puede estar violando?
El arresto de Pinochet fue útil para ver las diferentes posiciones en aplicar la doctrina de los DD.HH. Estados Unidos apoyó al Gobierno chileno en su reclamo de soberanía jurídica. La comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, apoyó esta misma posición.
Desde el término de la Segunda Guerra Mundial y con el despegue de la Guerra Fría, hacer respetar los DD.HH. es un ejercicio que se ha desarrollado sobre el filo más político de las actividades de los Estados y a la sociedad civil, en una función que compromete esa delgada línea divisoria. Sin embargo, ese es el problema de la carta fundamental de Naciones Unidas, y del incipiente derecho internacional que no ha podido dilucidarse.
El organismo multilateral enfrenta siempre dificultades para intervenir en los países en los casos de violaciones a los Derechos Humanos por consideraciones políticas. Los instrumentos languidecen en las negociaciones. Como ejemplo, la ratificación pendiente de la Convención de Roma de 1998 que EE.UU. se niega a firmar, promoviendo también el que otros países se alineen con su postura. El problema surge con la emergencia misma de la doctrina.
Desde su formación, los organismos no estaban orientados a combatir el colonialismo y sus violaciones a los derechos humanos. Sus trayectorias son inconsistentes. Ambas combaten a Fidel Castro y ponderan la presión con el ex dictador Suharto en Indoenesia, así como con las dictaduras en América Latina.
En Mozambique y Angola durante sus guerras civiles no hubo monitoreo, alineándose con un sector de la Guerra Fría. Hoy está la renuencia a indagar en los recintos de detención de la CIA.
Contribuyen con las oposiciones a los gobiernos autoritarios que no se alinean con la Alianza Occidental en China, Myanmar, Irán, Siria, Rusia y Uzbekistán.
La complacencia con Marruecos y sus abusos con los miembros de la República del Sahara español es antigua, y la pasividad con Colombia en la entrega de armas a los paramilitares y la impunidad con los crímenes ha sido denunciada.
En cada agencia internacional, (no es ninguna novedad para los que han trabajado en estos organismos), la opinión del Departamento de Estado pesa. Esto no sale al público, mientras se divulga la visión de la histeria antiimperialista inventando infiltraciones.
La ofensiva de la presente administración de la Casa Blanca contra de cualquier iniciativa de autonomía en la región, llámese el ALBA, anillos energéticos regionales, o alianzas fuera del hemisferio occidental, contempla usar las agencias donde EE.UU. puede usar su presión.
Human Rights Watch no podía haber elegido la oportunidad política más fértil en la región, para reclamar por los DD.HH. en Venezuela. Las tensiones en el sistema de relaciones, la elección presidencial en EE.UU., y con Bolivia apenas conteniendo una crisis sostenida, forman un cuadro donde las declaraciones de Human Rights Watch tienen el efecto multiplicador deseado.
No responden al trabajo rutinario y sólo se sostienen dos alternativas: o es una bien urdida estrategia, o el cálculo sobre la reacción del gobierno falló groseramente.
Desde esta perspectiva, el trabajo de Human Rights Watch por los DD.HH. está lejos de constituir el santo sepulcro del apoliticismo y con la acción está comprometiendo la credibilidad de estos organismos y la posibilidad de consolidar instrumentos de derecho internacional todavía en estado primario.
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