Santiago Chile
Por Andrés Figueroa Cornejo
Toda expresión de lucha social es el resultado de la acumulación histórica de un viejo combate que se actualiza de manera enriquecida. Así como es hija de las relaciones de fuerzas de intereses en pugna, condicionadas por el estadio del modo de producción dominante. Esto es, por la manera concreta en que se reproduce la vida material e ideológica de la totalidad social.
La lucha social, en cualquiera de sus formas, siempre es manifestación explícita o más o menos mediatizada de la lucha de clases. La acumulación histórica es el conjunto de relaciones y hechos concretos dinámicamente realizado por grupos humanos que adoptan el continente y el contenido, la cantidad y la calidad, la altura y profundidad, como momentos únicos, sintéticos, de la combinación de determinaciones objetivas políticamente –en tanto resumen de la economía- y el estado de conciencia de las fuerzas en lucha. Las relaciones de fuerzas son la manera contradictoria en que se expresan mediante el ejercicio del poder y la capacidad de provocar transformaciones sobre la plataforma de los intereses irreconciliables entre los pocos que tienen todo por perder y las grandes mayorías que tienen todo por conquistar en un momento dado. Y bajo el capitalismo, la lucha, en sus huesos irreductibles, es entre la minoría que se apropia del excedente socialmente producido, y los productores concretos, es decir, los trabajadores asalariados, sean manuales o intelectuales, sean operarios de grúas, como doctores universitarios de astrofísica.
Por tanto, si bien la historia no se repite, la humanidad y los grupos humanos contemporáneamente divididos en clases sociales, están supeditados a ese devenir, por un lado, y al ejercicio de la libertad y voluntad colectiva de protagonizar nueva historia. Ni fatalismo de ninguna especie, ni libre albedrío abstracto y sin contexto.
Jamás ha dejado de haber lucha de clases bajo el modo de producción capitalista. Ella se ilustra, por ejemplo, tanto en la discriminación racial, las representaciones de la realidad, el patriarcado, como en la huelga general, las reformas y las revoluciones sociales. Sobre todo porque la lucha de clases no es una categoría analítica, un concepto, parte de una doctrina o un dogma de fe. Sino, simplemente, porque existe de modo objetivo, independientemente de las ideas, de los deseos o de la propaganda de una u otra clase y de uno u otro grupo de interés. Todas esas variables pueden influir en la lucha de clases y, por tanto, en las relaciones de poder y fuerzas sociales en pugna, pero si no existieran, de igual modo la lucha de clases se exhibiría inexorablemente. ¿Por qué? Porque en una sociedad de clases resulta imposible obstruir sus manifestaciones multidimensionales. La clase más fuerte en un momento determinado puede descalcificar a su clase enemiga. Contener, reprimir y, en último término, destruir mediante la aplicación de una violencia superior las formaciones orgánicas condensadas más concientes de los intereses de la clase antagónica y que pudieran poner en riesgo su sobrevivencia y el orden dominante hasta ese momento. Pero ello sólo termina temporalmente con una de las formas más avanzadas de la lucha de clases, nunca con la lucha de clases. Sólo sin clases sociales de intereses irremediablemente controvertidos acabaría la lucha de clases. De los presupuestos anteriores surgen los proyectos de dominación, las estrategias de poder, la política concreta y las posibilidades, por una parte, de que la clase que provisoriamente manda continúe haciéndolo, y, por otra, de que las clases subordinadas dejen de serlo. Por eso la política es relaciones de fuerzas. Y ocurre de manera ampliada y dinámica, oscilante, fuera y dentro de los marcos jurídicos. Por ejemplo, los cordones industriales en la última parte de la Unidad Popular en Chile; la reforma agraria acotada del DC Eduardo Frei Montalva como política imperialista para neutralizar el ejemplo de la Revolución Cubana; la Guerra de Vietnam; la Primavera de Praga; o el reciente triunfo electoral de Ollanta Humala en Perú corresponden a resultados o productos políticos formateados por las relaciones de fuerzas de clases a escala mundial, continental y nacional. El modo de la lucha, incluso si el objetivo estratégico es el mismo, está más que subordinado por esas relaciones de fuerzas ampliadas. Las dictaduras militares ultraliberales, como las revoluciones sociales con fines de socialización de la riqueza y proyectos antiimperialistas y anticapitalistas, sólo cobran su explicación en el análisis concreto de la realidad concreta. Y si el análisis de coyuntura es una fotografía, el análisis de las relaciones de fuerzas es un largometraje.
La acumulación histórica del antiguo combate de intereses antagónicos de la sociedad de clases capitalista, obró y obra sobre la voluntad de los hombres como proceso objetivo de maduración subjetiva. La suma dialéctica de insurrecciones espontáneas, actos de rebeldía, la creación de mutuales, sindicatos, fueron insuficientes históricamente para que las clases explotadas y oprimidas se hicieran del poder político, por abajo y por arriba. Como el Estado es la forma de dominación de una clase sobre otra, es hegemonía –por fuerza o consenso alienado-, es burocracia que administra los intereses de la clase propietaria bajo el dominio del capital, leyes y fuerzas armadas; entonces por insuficiencia y necesidad, surgieron los instrumentos políticos capaces de hacer frente (más allá de las derrotas y las victorias), teórica y prácticamente a semejante adversario sin sustituir al movimiento real, sino como herramienta complementaria, pero indispensable. Y los instrumentos políticos de los desheredados son la condensación altamente organizada y especial que, devenidos del movimiento real de la lucha de clases –preexistentes apenas como propaganda y lucha ideológica-, desde y con el pueblo trabajador, se transformaron en una adquisición histórica sin la cual y según las formas condicionadas por pasajes concretos de las relaciones de fuerzas, no es posible realizar la hegemonía política, acceso al poder del Estado para re-crearlo o transitoriamente del gobierno, de los intereses de la mayoría expoliada. Al respecto, los hechos reales hablan con voz propia.
¿Y qué pasa en Chile hoy, entonces? Más allá de todo daltonismo, que donde hay verde ve rojo, efectivamente se atraviesa por un período de malestar social, por una, y expresiones de lucha directa, por otra, de sectores sociales y grupos de interés que han dado un paso hacia delante respecto de un reflujo explícito de la lucha de clases, amañadas por el imperialismo norteamericano a través de las administraciones de la Concertación. La recuperación limitada de libertades civiles burguesas –de asociación y de aparente libertad de información y expresión-, la rutina en franco agotamiento de la democracia representativa, y el premeditado disciplinamiento social por medio de la industria de la deuda, la artillería comunicacional para garantizar la paz social demandada por el capital, y el miedo, comportan una estrategia que cada día que pasa hondura su fractura e ineficiencia. Tanto la derecha tradicional inaugurada a mediados de los 70 con la imposición del programa ultraliberal y sobreideologizado de la Escuela de Chicago, el Pentágono y las instituciones del crédito, los ajustes estructurales y los programas sociales del imperialismo (FMI, BM, OMC, OCDE, BID), y su Lenin en Chile, Jaime Guzmán; como los partidos de la Concertación, aprovecharon las condiciones ambientales –tanto las nativas propias de la cruenta lucha contra una tiranía brutal, como la caída desmoralizadora del denominado ‘socialismo real’ para que el descontento social se mantuviera dentro de los límites permitidos por el propio capital. No es verdad que bajo un gobierno de la Concertación hubiera menos represión. Lo que hubo fue menos lucha de clases al descubierto. Y cuando hubo lucha bajo las administraciones concertacionistas sí existió represión y muerte. Porque la Concertación ejecutó lealmente el programa más dogmático del liberalismo: políticas antipopulares; aumento de la explotación y del empleo informal; incremento del cuentapropismo empobrecedor; la explosión del subcontratismo y la precarización del empleo; la agudización del abismo social en la distribución de los ingresos; la privatización aguda de los derechos y servicios sociales; el despojo de los recursos naturales y materias primas; la consagración de la dependencia económica; y la manga ancha para la hegemonía del momento financiero del capital. La Concertación y hoy Piñera han conseguido lo que no logró Pinochet por desconfianza imperialista a su capacidad de control social: convertir todo en mercancía y deuda.
Mientras no se construya una alternativa política que desde y al servicio de los intereses de las grandes mayorías nacionales tercie sin vacilaciones ni cabildeos palaciegos entre la Concertación y la derecha tradicional, el actual movimiento social devendrá en el regreso de Michelle Bachelet al Ejecutivo el 2013, junto a un abstencionismo superior al de la última elección que fue de un 40 %. Ungida por el imperialismo norteamericano, Bachelet –que es sólo una persona que sintetiza los intereses de los grandes capitales y garantiza, aparentemente a estas alturas, una superior gobernabilidad que la derecha tradicional-, con mano ajena se ‘meterá al bolsillo’ las demandas sociales mediante compromisos de mesas de trabajo eternas e inútiles, modificaciones cosméticas, y programas sociales mejor financiados. Incluso si congelara el proceso de privatización de la educación, ya el sistema escolar y de enseñanza superior privado es mayor al público. Y ni hablar de sus contenidos de estudio. En otro ámbito, si promulgara, por ejemplo, cualquier legislación laboral que alentara la negociación colectiva, resultaría inofensiva y extraordinariamente discriminatoria en un país donde sólo puede negociar colectivamente alrededor de un 7 % de la fuerza laboral, sin contar sus magros resultados. Ante la violencia ultraliberal en un Chile donde campea la vanguardia capitalista mundial, casi cualquier medida de carácter social brilla por contraste.
¿Qué ocurre con el actual movimiento social? La vaga y abstracta consigna de ‘fin al lucro’ que enarbolaron los estudiantes de secundaria el 2006, se ha convertido en una demanda de ‘Enseñanza gratuita y estatal’ para todo el sistema educativo, tal como existe en los países de la OCDE. La movilización hasta el momento llevó a la calle, en su punto más alto, a 500 mil personas (la inmensa mayoría estudiantes) el 1º de julio pasado. El gobierno juega al desgaste, reprime a los dirigentes como a la vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Laura Ortiz –que días después de ser amenazada directamente por extraños de civil, fue desnudada y maltratada en una detención por carabineros-, y apresa con violencia y cargos falsos al Secretario General de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, Recadero Gálvez. Lo demás son arrestos constantes y criminalización mediática de la lucha estudiantil, y la creación falsa de caos en el país para justificar la judialización, descrédito y represión por sospecha contra la causa de los jóvenes. Un grupo de mapuche de Temucuicui se colgó de las ventanas de La Moneda para denunciar la balacera policial contra niños y jóvenes con un saldo de varios heridos, en el marco de sus demandas históricas. Han ocurrido un par de incidentes espontáneos contra el mal servicio del transporte colectivo privatizado en Santiago (cuyo precio continúa en alza); y los trabajadores de la estratégica minera La Escondida (de capitales privados) llevan una huelga calificada de ‘ilegal’ por la compañía. En tanto, las organizaciones que agrupan a los asalariados de la explotación cuprífera estatal y privatizada no descartan un paro general del sector por despidos masivos, la ofensiva privatizadora del Estado y las malas condiciones de trabajo. En tanto, el anunciado paro portuario, que tuvo importantes movilizaciones preparatorias, no se realizó porque Piñera echó atrás las medidas para enajenar los puertos todavía no vendidos.
Lo cierto, es que la táctica del desgaste del gobierno contra el movimiento estudiantil ha logrado revelar los intereses corporativos de las universidades tradicionales y algunas privadas, separando a las autoridades máximas de esos planteles de sus estudiantes, con quienes al principio marcharon juntos. En todo caso, eso era cuestión de tiempo. Las rectorías lo que quieren es más poder y financiamiento. En las universidades tradicionales estudian, en general, aquellos que lograron mayores puntajes en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y que, no por accidente, provienen en buen número de la educación particular privada. Al respecto, podría leerse como un avance que sectores de izquierda que desde los tiempos de la Unidad Popular y hasta hace poco acariciaban el proyecto de Arancel Diferenciado para la educación superior con el fin de terminar con el subsidio a quienes podían pagar su arancel, hoy comprendan que la enseñanza es un derecho social. Tal vez por razones de clase, los estudiantes de secundaria, que han puesto duramente el pellejo en esta lucha, no han cobrado el protagonismo representativo y formal correspondiente a la profundidad y urgencia de la recuperación de la educación pública en Chile, cuestión que es de mayor relevancia incluso que la reivindicación universitaria, considerando la enorme segmentación, discriminación y reproducción de la pobreza sobre la cual opera la enseñanza primaria y secundaria en el país que luego se expresa en el siguiente escalón educativo. De todos modos, el movimiento en general tiene el consentimiento ciudadano mayoritario e incluso ha organizado a importantes franjas de padres y apoderados de la mano con sus hijos. Asimismo, los tramos más avanzados de universitarios y secundarios han intentado ligar su demanda con la renacionalización del cobre. Al respecto, aún esa asociación fértil carece de determinaciones significativas, como que la nacionalización del cobre debería terminar con el patrón puramente extractivista exportador, sostener una eventual industrialización ampliada; y que sin un sistema financiero, al menos parcialmente, al servicio del desarrollo del conjunto de los trabajadores y el pueblo, la pura nacionalización del cobre es una medida insuficiente. En este sentido, no por capricho Salvador Allende ató la nacionalización del cobre con la nacionalización de la banca.
Los trabajadores y las centrales sindicales no han tenido la estatura para un combate de carácter nacional. La Central Unitaria de Trabajadores, la multisindical más grande e importante de Chile, tanto como confederaciones, federaciones y sindicatos, sólo han participado marginalmente en el movimiento por la recuperación de la educación pública. Sin embargo, no todos duermen. Dirigentes de diversas áreas de la producción y los servicios, dentro y fuera de las centrales, ya cuentan con varias convergencias en la idea y objetivo de refundar el sindicalismo en Chile y ponerlo ‘a la hora’. Los asalariados son el soporte estratégico, retaguardia y vanguardia social y condición política para los cambios principales en la sociedad. Si la economía es el lugar donde ocurren las cosas, sólo los trabajadores son la fuerza autorizada concreta y simbólicamente para conducir al movimiento popular con una dirección que cautele los intereses de las clases subordinadas y sus diversas expresiones. Los estudiantes, por cierto, son fuerza dinamizadora, son anticipación del porvenir. Pero la concurrencia de los trabajadores, organizados y no organizados, bajo la égida de la independencia de los intereses de clase respecto de la burguesía y el Estado, son el sujeto central, el aseguramiento y la potencia para la materialización de un paro general que hiciera temblar los cimientos del imperio del ultraliberalismo. El capital impone las condiciones de lucha y las nuevas formas en que se organiza el trabajo porque tiene la fuerza todavía. Y ese todavía no terminará hasta que la unidad más amplia y única de los explotados se vuelva una realidad. Ya muchos representantes de los trabajadores están actuando en ese curso. Su responsabilidad trasciende los personalismos, los corporativismos, la mirada baja, la cortedad de audacia y voluntad colectiva. Otros tendrán que jubilar por fuerza o decoro. Y sólo de ese soporte de clase estratégico podrá surgir genuinamente la conducción política con convicción de poder que, de acuerdo a las relaciones de fuerzas a todo nivel y mediante las formas que determine el estado de conciencia de los trabajadores y el pueblo, sea, por fin, la alternativa política al duopolio Derecha-Concertación.
Julio 29 de 2011
La lucha social, en cualquiera de sus formas, siempre es manifestación explícita o más o menos mediatizada de la lucha de clases. La acumulación histórica es el conjunto de relaciones y hechos concretos dinámicamente realizado por grupos humanos que adoptan el continente y el contenido, la cantidad y la calidad, la altura y profundidad, como momentos únicos, sintéticos, de la combinación de determinaciones objetivas políticamente –en tanto resumen de la economía- y el estado de conciencia de las fuerzas en lucha. Las relaciones de fuerzas son la manera contradictoria en que se expresan mediante el ejercicio del poder y la capacidad de provocar transformaciones sobre la plataforma de los intereses irreconciliables entre los pocos que tienen todo por perder y las grandes mayorías que tienen todo por conquistar en un momento dado. Y bajo el capitalismo, la lucha, en sus huesos irreductibles, es entre la minoría que se apropia del excedente socialmente producido, y los productores concretos, es decir, los trabajadores asalariados, sean manuales o intelectuales, sean operarios de grúas, como doctores universitarios de astrofísica.
Por tanto, si bien la historia no se repite, la humanidad y los grupos humanos contemporáneamente divididos en clases sociales, están supeditados a ese devenir, por un lado, y al ejercicio de la libertad y voluntad colectiva de protagonizar nueva historia. Ni fatalismo de ninguna especie, ni libre albedrío abstracto y sin contexto.
Jamás ha dejado de haber lucha de clases bajo el modo de producción capitalista. Ella se ilustra, por ejemplo, tanto en la discriminación racial, las representaciones de la realidad, el patriarcado, como en la huelga general, las reformas y las revoluciones sociales. Sobre todo porque la lucha de clases no es una categoría analítica, un concepto, parte de una doctrina o un dogma de fe. Sino, simplemente, porque existe de modo objetivo, independientemente de las ideas, de los deseos o de la propaganda de una u otra clase y de uno u otro grupo de interés. Todas esas variables pueden influir en la lucha de clases y, por tanto, en las relaciones de poder y fuerzas sociales en pugna, pero si no existieran, de igual modo la lucha de clases se exhibiría inexorablemente. ¿Por qué? Porque en una sociedad de clases resulta imposible obstruir sus manifestaciones multidimensionales. La clase más fuerte en un momento determinado puede descalcificar a su clase enemiga. Contener, reprimir y, en último término, destruir mediante la aplicación de una violencia superior las formaciones orgánicas condensadas más concientes de los intereses de la clase antagónica y que pudieran poner en riesgo su sobrevivencia y el orden dominante hasta ese momento. Pero ello sólo termina temporalmente con una de las formas más avanzadas de la lucha de clases, nunca con la lucha de clases. Sólo sin clases sociales de intereses irremediablemente controvertidos acabaría la lucha de clases. De los presupuestos anteriores surgen los proyectos de dominación, las estrategias de poder, la política concreta y las posibilidades, por una parte, de que la clase que provisoriamente manda continúe haciéndolo, y, por otra, de que las clases subordinadas dejen de serlo. Por eso la política es relaciones de fuerzas. Y ocurre de manera ampliada y dinámica, oscilante, fuera y dentro de los marcos jurídicos. Por ejemplo, los cordones industriales en la última parte de la Unidad Popular en Chile; la reforma agraria acotada del DC Eduardo Frei Montalva como política imperialista para neutralizar el ejemplo de la Revolución Cubana; la Guerra de Vietnam; la Primavera de Praga; o el reciente triunfo electoral de Ollanta Humala en Perú corresponden a resultados o productos políticos formateados por las relaciones de fuerzas de clases a escala mundial, continental y nacional. El modo de la lucha, incluso si el objetivo estratégico es el mismo, está más que subordinado por esas relaciones de fuerzas ampliadas. Las dictaduras militares ultraliberales, como las revoluciones sociales con fines de socialización de la riqueza y proyectos antiimperialistas y anticapitalistas, sólo cobran su explicación en el análisis concreto de la realidad concreta. Y si el análisis de coyuntura es una fotografía, el análisis de las relaciones de fuerzas es un largometraje.
La acumulación histórica del antiguo combate de intereses antagónicos de la sociedad de clases capitalista, obró y obra sobre la voluntad de los hombres como proceso objetivo de maduración subjetiva. La suma dialéctica de insurrecciones espontáneas, actos de rebeldía, la creación de mutuales, sindicatos, fueron insuficientes históricamente para que las clases explotadas y oprimidas se hicieran del poder político, por abajo y por arriba. Como el Estado es la forma de dominación de una clase sobre otra, es hegemonía –por fuerza o consenso alienado-, es burocracia que administra los intereses de la clase propietaria bajo el dominio del capital, leyes y fuerzas armadas; entonces por insuficiencia y necesidad, surgieron los instrumentos políticos capaces de hacer frente (más allá de las derrotas y las victorias), teórica y prácticamente a semejante adversario sin sustituir al movimiento real, sino como herramienta complementaria, pero indispensable. Y los instrumentos políticos de los desheredados son la condensación altamente organizada y especial que, devenidos del movimiento real de la lucha de clases –preexistentes apenas como propaganda y lucha ideológica-, desde y con el pueblo trabajador, se transformaron en una adquisición histórica sin la cual y según las formas condicionadas por pasajes concretos de las relaciones de fuerzas, no es posible realizar la hegemonía política, acceso al poder del Estado para re-crearlo o transitoriamente del gobierno, de los intereses de la mayoría expoliada. Al respecto, los hechos reales hablan con voz propia.
¿Y qué pasa en Chile hoy, entonces? Más allá de todo daltonismo, que donde hay verde ve rojo, efectivamente se atraviesa por un período de malestar social, por una, y expresiones de lucha directa, por otra, de sectores sociales y grupos de interés que han dado un paso hacia delante respecto de un reflujo explícito de la lucha de clases, amañadas por el imperialismo norteamericano a través de las administraciones de la Concertación. La recuperación limitada de libertades civiles burguesas –de asociación y de aparente libertad de información y expresión-, la rutina en franco agotamiento de la democracia representativa, y el premeditado disciplinamiento social por medio de la industria de la deuda, la artillería comunicacional para garantizar la paz social demandada por el capital, y el miedo, comportan una estrategia que cada día que pasa hondura su fractura e ineficiencia. Tanto la derecha tradicional inaugurada a mediados de los 70 con la imposición del programa ultraliberal y sobreideologizado de la Escuela de Chicago, el Pentágono y las instituciones del crédito, los ajustes estructurales y los programas sociales del imperialismo (FMI, BM, OMC, OCDE, BID), y su Lenin en Chile, Jaime Guzmán; como los partidos de la Concertación, aprovecharon las condiciones ambientales –tanto las nativas propias de la cruenta lucha contra una tiranía brutal, como la caída desmoralizadora del denominado ‘socialismo real’ para que el descontento social se mantuviera dentro de los límites permitidos por el propio capital. No es verdad que bajo un gobierno de la Concertación hubiera menos represión. Lo que hubo fue menos lucha de clases al descubierto. Y cuando hubo lucha bajo las administraciones concertacionistas sí existió represión y muerte. Porque la Concertación ejecutó lealmente el programa más dogmático del liberalismo: políticas antipopulares; aumento de la explotación y del empleo informal; incremento del cuentapropismo empobrecedor; la explosión del subcontratismo y la precarización del empleo; la agudización del abismo social en la distribución de los ingresos; la privatización aguda de los derechos y servicios sociales; el despojo de los recursos naturales y materias primas; la consagración de la dependencia económica; y la manga ancha para la hegemonía del momento financiero del capital. La Concertación y hoy Piñera han conseguido lo que no logró Pinochet por desconfianza imperialista a su capacidad de control social: convertir todo en mercancía y deuda.
Mientras no se construya una alternativa política que desde y al servicio de los intereses de las grandes mayorías nacionales tercie sin vacilaciones ni cabildeos palaciegos entre la Concertación y la derecha tradicional, el actual movimiento social devendrá en el regreso de Michelle Bachelet al Ejecutivo el 2013, junto a un abstencionismo superior al de la última elección que fue de un 40 %. Ungida por el imperialismo norteamericano, Bachelet –que es sólo una persona que sintetiza los intereses de los grandes capitales y garantiza, aparentemente a estas alturas, una superior gobernabilidad que la derecha tradicional-, con mano ajena se ‘meterá al bolsillo’ las demandas sociales mediante compromisos de mesas de trabajo eternas e inútiles, modificaciones cosméticas, y programas sociales mejor financiados. Incluso si congelara el proceso de privatización de la educación, ya el sistema escolar y de enseñanza superior privado es mayor al público. Y ni hablar de sus contenidos de estudio. En otro ámbito, si promulgara, por ejemplo, cualquier legislación laboral que alentara la negociación colectiva, resultaría inofensiva y extraordinariamente discriminatoria en un país donde sólo puede negociar colectivamente alrededor de un 7 % de la fuerza laboral, sin contar sus magros resultados. Ante la violencia ultraliberal en un Chile donde campea la vanguardia capitalista mundial, casi cualquier medida de carácter social brilla por contraste.
¿Qué ocurre con el actual movimiento social? La vaga y abstracta consigna de ‘fin al lucro’ que enarbolaron los estudiantes de secundaria el 2006, se ha convertido en una demanda de ‘Enseñanza gratuita y estatal’ para todo el sistema educativo, tal como existe en los países de la OCDE. La movilización hasta el momento llevó a la calle, en su punto más alto, a 500 mil personas (la inmensa mayoría estudiantes) el 1º de julio pasado. El gobierno juega al desgaste, reprime a los dirigentes como a la vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Laura Ortiz –que días después de ser amenazada directamente por extraños de civil, fue desnudada y maltratada en una detención por carabineros-, y apresa con violencia y cargos falsos al Secretario General de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, Recadero Gálvez. Lo demás son arrestos constantes y criminalización mediática de la lucha estudiantil, y la creación falsa de caos en el país para justificar la judialización, descrédito y represión por sospecha contra la causa de los jóvenes. Un grupo de mapuche de Temucuicui se colgó de las ventanas de La Moneda para denunciar la balacera policial contra niños y jóvenes con un saldo de varios heridos, en el marco de sus demandas históricas. Han ocurrido un par de incidentes espontáneos contra el mal servicio del transporte colectivo privatizado en Santiago (cuyo precio continúa en alza); y los trabajadores de la estratégica minera La Escondida (de capitales privados) llevan una huelga calificada de ‘ilegal’ por la compañía. En tanto, las organizaciones que agrupan a los asalariados de la explotación cuprífera estatal y privatizada no descartan un paro general del sector por despidos masivos, la ofensiva privatizadora del Estado y las malas condiciones de trabajo. En tanto, el anunciado paro portuario, que tuvo importantes movilizaciones preparatorias, no se realizó porque Piñera echó atrás las medidas para enajenar los puertos todavía no vendidos.
Lo cierto, es que la táctica del desgaste del gobierno contra el movimiento estudiantil ha logrado revelar los intereses corporativos de las universidades tradicionales y algunas privadas, separando a las autoridades máximas de esos planteles de sus estudiantes, con quienes al principio marcharon juntos. En todo caso, eso era cuestión de tiempo. Las rectorías lo que quieren es más poder y financiamiento. En las universidades tradicionales estudian, en general, aquellos que lograron mayores puntajes en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y que, no por accidente, provienen en buen número de la educación particular privada. Al respecto, podría leerse como un avance que sectores de izquierda que desde los tiempos de la Unidad Popular y hasta hace poco acariciaban el proyecto de Arancel Diferenciado para la educación superior con el fin de terminar con el subsidio a quienes podían pagar su arancel, hoy comprendan que la enseñanza es un derecho social. Tal vez por razones de clase, los estudiantes de secundaria, que han puesto duramente el pellejo en esta lucha, no han cobrado el protagonismo representativo y formal correspondiente a la profundidad y urgencia de la recuperación de la educación pública en Chile, cuestión que es de mayor relevancia incluso que la reivindicación universitaria, considerando la enorme segmentación, discriminación y reproducción de la pobreza sobre la cual opera la enseñanza primaria y secundaria en el país que luego se expresa en el siguiente escalón educativo. De todos modos, el movimiento en general tiene el consentimiento ciudadano mayoritario e incluso ha organizado a importantes franjas de padres y apoderados de la mano con sus hijos. Asimismo, los tramos más avanzados de universitarios y secundarios han intentado ligar su demanda con la renacionalización del cobre. Al respecto, aún esa asociación fértil carece de determinaciones significativas, como que la nacionalización del cobre debería terminar con el patrón puramente extractivista exportador, sostener una eventual industrialización ampliada; y que sin un sistema financiero, al menos parcialmente, al servicio del desarrollo del conjunto de los trabajadores y el pueblo, la pura nacionalización del cobre es una medida insuficiente. En este sentido, no por capricho Salvador Allende ató la nacionalización del cobre con la nacionalización de la banca.
Los trabajadores y las centrales sindicales no han tenido la estatura para un combate de carácter nacional. La Central Unitaria de Trabajadores, la multisindical más grande e importante de Chile, tanto como confederaciones, federaciones y sindicatos, sólo han participado marginalmente en el movimiento por la recuperación de la educación pública. Sin embargo, no todos duermen. Dirigentes de diversas áreas de la producción y los servicios, dentro y fuera de las centrales, ya cuentan con varias convergencias en la idea y objetivo de refundar el sindicalismo en Chile y ponerlo ‘a la hora’. Los asalariados son el soporte estratégico, retaguardia y vanguardia social y condición política para los cambios principales en la sociedad. Si la economía es el lugar donde ocurren las cosas, sólo los trabajadores son la fuerza autorizada concreta y simbólicamente para conducir al movimiento popular con una dirección que cautele los intereses de las clases subordinadas y sus diversas expresiones. Los estudiantes, por cierto, son fuerza dinamizadora, son anticipación del porvenir. Pero la concurrencia de los trabajadores, organizados y no organizados, bajo la égida de la independencia de los intereses de clase respecto de la burguesía y el Estado, son el sujeto central, el aseguramiento y la potencia para la materialización de un paro general que hiciera temblar los cimientos del imperio del ultraliberalismo. El capital impone las condiciones de lucha y las nuevas formas en que se organiza el trabajo porque tiene la fuerza todavía. Y ese todavía no terminará hasta que la unidad más amplia y única de los explotados se vuelva una realidad. Ya muchos representantes de los trabajadores están actuando en ese curso. Su responsabilidad trasciende los personalismos, los corporativismos, la mirada baja, la cortedad de audacia y voluntad colectiva. Otros tendrán que jubilar por fuerza o decoro. Y sólo de ese soporte de clase estratégico podrá surgir genuinamente la conducción política con convicción de poder que, de acuerdo a las relaciones de fuerzas a todo nivel y mediante las formas que determine el estado de conciencia de los trabajadores y el pueblo, sea, por fin, la alternativa política al duopolio Derecha-Concertación.
Julio 29 de 2011
No hay comentarios:
Publicar un comentario